ESPAÑA APRUEBA LA LEY DE EUTANASIA Y SE CONVIERTE EN EL QUINTO PAÍS DEL MUNDO EN REGULARLA

 

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Con la aprobación de la norma, España se incorpora a un selecto grupo de países en los que la eutanasia está regulada. Los solicitantes deberán sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante para hacer efectiva esta ley.

Para asegurarse de la clara voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito acerca de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a las que tuviera derecho de conformidad de acuerdo a la normativa de atención de la dependencia.

Una vez iniciado el proceso, el afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera. La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada comunidad autónoma, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. 

La norma ha sido promovida por el Grupo Socialista, pero ha contado con un fuerte impulso de familiares de personas que han pedido ayuda para morir, agrupadas por la plataforma Change. El debate ha transcurrido por las Cámaras con PP, UPN y Vox pidiendo una ley de paliativos que ninguno ha presentado, y afirmando que con esta norma se legaliza el asesinato. Y el resto, apoyando con matices el texto sobre la base de que el derecho a una vida digna debe ir ligado al de tener una muerte digna.

Vox ya ha anunciado que va a recurrir la norma ante el Constitucional, y ha advertido de que si llega al poder la derogaría. La norma ha recibido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que advierte vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho. El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco, ha dicho que la ley «ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. »

En los países donde la eutanasia es legal, informa DMD, su práctica supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales. En un año normal en España fallecen algo más de 420.000 personas, por lo que es razonable estimar que entre 4.000 y 17.000 personas decidan adelantar su muerte cada año una vez la ley esté asentada. La experiencia internacional sugiere que las cifras serán reducidas al principio e irán en aumento según crezca el conocimiento sobre la ley entre la ciudadanía, los profesionales sanitarios y las propias administraciones.