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Con
la finalidad de garantizar el acceso pleno a sus derechos a distintos grupos
sociales, la legisladora María Ana
Bertha Mastranzo Corona, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones a la
Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia en el Estado de Tlaxcala.
En
la lectura de la iniciativa, Mastranzo Corona
consideró necesario generar normas y políticas públicas que
contrarresten la discriminación y violencia hacia diversos grupos sociales, por
lo que hizo un llamado a las autoridades federales estatales y a la sociedad
civil, a redoblar esfuerzos para mantener y consolidar los avances en materia
de derechos humanos como condición esencial para el desarrollo de México.
La iniciativa pretende promover
la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como a los
pertenecientes a grupos indígenas en actividades educativas, deportivas y
culturales.
“La diversidad y las libertades
individuales deben ser respetadas y aceptadas por todos, sin ningún tipo de
discriminación. Por eso debemos alzar la voz ante la intolerancia, los
maltratos e incluso la violencia, que limite las oportunidades de otros seres
humanos, ya sea por su nacionalidad, edad, género, raza, religión, condición u
orientación sexual”, agregó.
La
Diputada Local también propuso que los Poderes Públicos, los municipios y
órganos autónomos de Tlaxcala, tendrán que garantizar que las personas adultas
mayores sean protegidas
y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental, y garantizar
que puedan expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar
y social, así como en todo procedimiento administrativo y judicial que afecte
sus personas y familia.
En
cuanto a las personas con discapacidad, propuso que los Poderes Públicos, los
municipios y órganos autónomos de Tlaxcala, tengan la obligación de garantizar la protección contra toda forma
de explotación, violencia, abuso y el derecho a participar en actividades
políticas y públicas.
De la misma planteó que la
población indígena tenga garantizado el derecho de participar en actividades
políticas y públicas; en tanto que la
diversidad sexual, en caso de aprobarse la iniciativa, tendrá que tener
garantizada el acceso a la educación pública y privada libre de cualquier forma
de discriminación, y el derecho al
empleo libre de cualquier forma de discriminación.
