APRUEBA CONGRESO DEL ESTADO CUENTAS PÚBLICAS DE LOS TRES PODERES
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Debido a que sus gestiones financieras se apegaron a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Durante la sesión extraordinaria pública efectuada este viernes, los Diputados locales coincidieron que los tres poderes de gobierno, realizaron un uso de los recursos públicos ejercidos en el 2018, apegados a la legalidad.
En el caso del Poder Legislativo, por mayoría de votos, se avaló el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, en el que se determinó que el gasto público del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Órgano de Fiscalización Superior, se ajustó a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Asimismo, la cuenta pública del Poder Ejecutivo integrada por: la Secretaría de Gobierno; la Oficialía Mayor de Gobierno; la Secretaría de Planeación y Finanzas; la Secretaría de Obras Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda; la Secretaría de Fomento Agropecuario, y la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, fue aprobada.
En esa misma tesitura, avalaron el estado financiero del ejercicio fiscal 2018 del Poder Judicial, la cual está integrada por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Durante la misma plenaria, los Legisladores dictaminaron las cuentas públicas de ocho ayuntamientos, de las cuales aprobó las de Teolocholco, Atlangatepec, Tepeyanco y Xaltocan, y no aprobadas los estados financieros de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Calpulalpan, Españita, y El Carmen Tequexquitla.
La administración municipal de El Carmen Tequexquitla incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad de 17 millones 903 mil 465.30 pesos, lo que representa el 26.8 por ciento de un importe devengado de 66 millones 682 mil 496.23 pesos.
En tanto que el ayuntamiento de Calpulalpan tuvo observaciones de probable daño patrimonial por la cantidad de 10 millones 233 mil 396.25 pesos, monto que representa el 8.63 por ciento del monto total devengado.
Por cuanto hace al estado financiero del municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, los Legisladores determinaron en el dictamen basado en el informe de resultados presentado por el OFS, que incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad 11 millones 578 mil 233.98 pesos que representa el 19.2 por ciento, de un importe devengado de 60 millones 459 mil 692.42 pesos.
En el caso del ayuntamiento de Españita, los Legisladores también determinaron no aprobar la cuenta pública de dicho ente, ya que tuvo observaciones por 3 millones 280 mil 098.78 pesos que representa el 7.43 por ciento de los 44 millones 146 mil 658.70 pesos ejercidos en el 2018.
Los cuatro últimos entes fiscalizables no se ubicaron en el ejercicio de su presupuesto dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos.
Por lo anterior, el Pleno del Congreso del Estado instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, debido a que la no aprobación de las cuentas públicas no limita o implica su nulidad.
Asimismo, el OFS deberá informar al Congreso local en los plazos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estado que guardan los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación presentados, y demás acciones promovidas al ente fiscalizable.
En lo que corresponde a los dictámenes aprobados, de igual manera, el OFS debe dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que el dictamen avalado no modifica, solventa, limita o implica nulidad de las observaciones, las que continuarán subsistentes conforme a los informes de resultados.