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Con
el objeto de que los municipios puedan contratar esquemas de financiamiento sin
ningún tope porcentual de por medio, el Diputado Ramiro Vivanco Chedraui,
presentó ante el Pleno de la LXIII Legislatura Local, una iniciativa para adecuar
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.
Con
la propuesta de adecuación al artículo 101 de la Constitución Política Local, además
de pretender eliminar los porcentajes establecidos como tope de endeudamiento
para los municipios, así como restringir a las comunas nuevos créditos si
existen adeudos derivados de este concepto, el legislador dijo que los
ayuntamientos podrán incrementar su inversión y dar respuesta a las demandas de
la población.
“No se
trata de aumentar las facultades o incrementar a priori los montos de crédito a
los municipios, sino de terminar de alinear el marco jurídico estatal, con las
facultades, restricciones y responsabilidades que ya marca la Legislación
Federal y nuestra Ley de Deuda Estatal. Por ello considero oportuno proponer la
modificación al Artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, para alinearla a las facultades y responsabilidades que
otorga la Constitución de la República, mediante el artículo 117 y su
correspondiente marco legal, al endeudamiento público”, expuso.
Con
esta acción, reiteró, se perfila la posibilidad de aumentar la capacidad de
respuesta de los municipios hacia las numerosas necesidades que enfrentan,
permitiéndoles acceder a montos de financiamiento mayores a los que actualmente
pueden obtener, los cuales están plenamente respaldados por la legislación en
materia de deuda pública estatal y federal, con base y en función de sus
particulares capacidades de pago, eliminando un porcentaje que simula una
homogeneidad que no existe.
Refirió
que actualmente, más de la mitad de los municipios de Tlaxcala han recurrido al
financiamiento, sin embargo, lo han hecho de manera restringida, debido a las
limitantes que señala el artículo 101 de la Constitución Política del Estado
que establece un tope del 15 por ciento para municipios y 20 por ciento para el
Estado de su presupuesto anual como monto de financiamiento y los limita a
mantener sólo un crédito vigente.
La
contratación de estos financiamientos tendrían que ser aprobadas por las dos
terceras partes de los integrantes de la Legislatura local, y deberán
destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las
prescripciones establecidas en el artículo 117, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo establecido en la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
