PIDEN ONG´S INCLUSIÓN CIUDADANA EN ACCIONES DE GOBIERNOS RESPECTO A LA CUECA DEL ATOYAC

Activistas del Centro Fray Julián Garcés recriminaron que las autoridades continúen en la negativa de incluir a la población afectada directamente por la problemática ambiental que aqueja al río Atoyac y los municipios colindantes. 

Por Naye Vélez

La exclusión de la sociedad civil en las reuniones realizadas por los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para atender la problemática de contaminación de la Cuenca del alto del río Atoyac indignó a activistas ambientales y representantes de las ONG’s como el Centro Fray Julián Garcés, quienes exigieron que se tome en cuenta a los habitantes asentados en las laderas de este afluente.

La representación del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos Y Desarrollo Local externó a través de un comunicado su “extrañeza e indignación” al no haber sido requeridos en la primera reunión del Grupo Interinstitucional de Trabajo desarrollada en cumplimiento de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, con respecto a la contaminación de la Cuenca del Atoyac.

Los activistas recriminaron que las autoridades continúen en la negativa de incluir a la población afectada directamente por esta problemática ambiental aún cuando “las y los habitantes de las comunidades e integrantes de las organizaciones que presentamos, gestionamos y sustentamos técnicamente la queja ante la CNDH por la que se obtuvo la emisión de la Recomendación 10/2017, misma que los gobiernos estatales y municipales así como las dependencias federales recomendadas aceptaron y se comprometieron a cumplir”.

Por ello, el Centro Fray Julián Garcés denunció el incumplimiento la primera de las recomendaciones que hace la CNDH y exigió “se lleve a cabo la celebración de un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre esa Secretaría, la CONAGUA, la PROFEPA, la COFEPRIS, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y los municipios colindantes con el Río Atoyac .”

En este tenor, también pidieron que se reconozca el convenio firmado por las autoridades y las dependencias gubernamentales, ya que “no es una concesión de su parte, ni un acto de buena voluntad, sino el instrumento para cumplir con las obligaciones adquiridas al haber aceptado la Recomendación antes citada y las obligaciones jurídicas vinculantes establecidas en el nivel más alto de la jerarquía jurídica nacional e internacional”.

Entre las peticiones también se solicita que se convoque a la participación de las personas y organizaciones de la sociedad civil que han trabajado desde hace más de 15 años en este proceso de búsqueda de la restauración integral de la Cuenca del Alto Atoyac, y no solamente el de los municipios recomendados en ambos estados.